Gobierno pide a la Corte Suprema de Justicia que no aguarde a resultados de tribunales inferiores para tomar acción sobre el DACA
El presidente Doland Trump, hizo llegar este lunes una petición escrita a la Corte Suprema de Justicia en donde se exige tomar acciones legales para la cancelación de la Acción Diferida de 2012 (DACA) y no espere que actúen los tribunales inferiores. La mencionada petición fue creada y enviada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, dependencia que tiene bajo su cargo la administración del programa.
En términos generales, DACA protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que ingresaron siendo niños a EE. UU. (antes de cumplir los 16 años), que permanecen indocumentados y se les conoce como dreamers. Pero desde septiembre del año pasado el DACA se encuentra en la cuerda floja debido a que el fiscal general Jeff Sessions anunció la cancelación del programa, para estas fechas el gobierno de Donald Trump dio un plazo de 30 días a los dreamers, cuyas autorizaciones de empleo vencieron entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo del presente año, para que logren volver a tramitar una extensión de sus amparos por última vez. Adicionalmente para esta época, se dieron seis meses al Congreso para debatir una solución permanente para los dreamers, pero al término del plazo demócratas, republicanos y la Casa Blanca no se pusieron de acuerdo.
Posteriormente a esto, un par de meses después de la cancelación, en enero de 2018, una corte de California declaró ilegal e ilegitimo el proceso por cómo se dio la terminación del programa y ordenó restituir DACA, tal y como se encontraba antes de ser cancelado, pero se recalcó que el gobierno no estaba obligado a recibir nuevas solicitudes DACA. A este fallo se le sumo una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar el 13 de febrero, una tercera en el distrito de Columbia y una cuarta en Texas.
Debido a estas respuestas de las cortes, se le dio al gobierno un plazo de 90 días para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción. El gobierno no apeló y decidió esperar que prosperen los recursos de apelación presentados en cada uno de los distritos correspondientes a los tribunales que restablecieron el programa. Al no producirse un fallo por parte de las cortes de apelaciones, el gobierno entonces decidió acudir a la Corte Suprema para que actuara, sin esperar las decisiones de los tribunales inferiores.
“Es claro que el gobierno de Trump quiere deportarnos y usar a la Corte Suprema para intimidarnos y traer una deportación masiva de todos nosotros”, dijo en un comunicado la subdirectora ejecutiva de United We Dream (UWD), Greisa Martínez, la principal organización de dreamers del país. “Le estamos diciendo a la gente que está protegida por el programa, que aplique cuanto antes para su renovación. Nosotros vamos a seguir luchando en espera que la Corte Suprema no se deje utilizar por el gobierno”.
Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el recurso, interpuesto la noche antes de las elecciones de mitad de periodo, “se trata de una jugada política”, dijo Lorela Praelli, directora de políticas migratorias del grupo de derechos civiles. “En los últimos meses, hemos visto al gobierno de Trump tomar acciones drásticas para tratar de ganar los comicios. Han criminalizado a la comunidad inmigrante y la comunidad hispana, y esta se trata de la última parte de esta estrategia”, agregó.
El National Immigration Law Center (NILC) calificó el paso dado por la secretaria Nielsen como un “ataque implacable” contra la comunidad dreamer. “Solo en la última semana hemos visto al presidente Trump avivar las llamas de la xenofobia con mentiras racistas, desplegar recursos exorbitantes para militarizar aún más las comunidades fronterizas y amenazar con deshacer unilateralmente el derecho garantizado constitucionalmente a la ciudadanía por nacimiento y prohibir a ciertas personas ejercer su derecho legal a buscar asilo, todo al servicio de la política”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del NILC.
