Implementación de cuotas recibe fuertes críticas por parte de abogados migratorios
La Asociación de Abogados Migratorios de Estados Unidos (AILA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que criticó la medida que obliga a los jueces de derecho migratorio a dar solución a un mínimo de 700 casos anualmente, conocido como cuotas de casos migratorios, bajo la amenaza de tener que someterse a un proceso disciplinario si no cumplen con dicho objetivo. Esto sucede por decisión del Fiscal General de USA Jeff Sessions, en donde obliga a los abogados de inmigración, a decidir como mínimo 700 casos al año, bajo el riesgo de someterse a un proceso disciplinario, lo que podría afectar la correcta aplicación de la ley.
La Casa Blanca defiende la meta, al anunciar esta medida el pasado mes de abril, es desatascar los más de 600.000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, debido a su nombre en inglés). Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de la AILA, Anastasia Tonello, esta normativa corta la independencia de los jueces de derecho migratorio al obligarles elegir entre garantizar que se haga justicia o perder sus empleos, argumento contundente que empieza a tener fuerza entre la comunidad migrante.
La implantación de cuotas a jueces de tribunales responsables de casos de inmigración para la resolución de un mínimo de casos anualmente, que comenzó a aplicar este lunes 1 de octubre en el Departamento de Justicia. La asociación emitió un comunicado en el que criticó esta medida que obliga a los jueces de derecho migratorio a dar solución a un mínimo de 700 casos anualmente, bajo la amenaza de tener que someterse a un proceso disciplinario si no cumplen con dicho objetivo.
Por este motivo, Benjamin Johnson el director ejecutivo de la AILA, abogó por recibir un enfoque diferente para acelerar los procesos migratorios que se acumulan en los juzgados y que impida al fiscal general tener, al mismo tiempo, el poder de “decidir las normas y leyes que los magistrados deben seguir” y de despedir a quienes no lo hagan. “No es posible que se les dé un reloj marcándoles el tiempo en sus cabezas, posiblemente los jueces no podrán tomar decisiones basadas en razones y analizando los hechos ni mucho menos a la aplicación de las leyes en los casos de cada persona”.
El Congreso no puede demorar realizar un control riguroso de los tribunales y crear una red de cortes de justicia migratorias independiente del control del Departamento de Justicia”, argumentó Johnson, también citado en el comunicado de la AILA. Para reforzar sus exigencias la asociación ha remitido al fiscal general, Jeff Sessions, una carta suscrita por mil letrados en la que se solicita la creación de estas nuevas instituciones para “guardar la integridad e imparcialidad del sistema judicial”, explicó Johnson.
Para finalizar, las fuertes críticas que han lanzado los altos miembros del AILA hacia la implementación de cuotas anuales para los jueces de migración, reflejan el disgusto de la comunidad migratoria a cambios improvisados y deja un sabor amargo a la hora de llevar un proceso en un tribunal de justicia migratoria, debido a que, se puede ser claro a la hora de determinar si los jueces están avanzando con el proceso debido a las cuotas impuestas o realmente están utilizando un juicio de valor consistente a la hora de dictaminar los fallos.
