Limitación en beneficios migratorios por haber pedido ayuda pública en Estados Unidos
El pasado sábado se anunció por el gobierno de Donald Trump, el nuevo concepto de “carga pública” en temas migratorios, esto creo mucha agitación entre los interesados en visas, residencias y ciudadanías que buscan solicitarlos para sus familiares inmediatos. Esta nueva regla, define cambios que alteran la manera en que los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) seleccionan a aquellos inmigrantes postulados para cualquier beneficio migratorio y en algunos casos determine la inadmisibilidad para aquellos que puedan ser un riesgo de volverse una carga pública.
El Programa de Ayuda Legal CLINIC de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), una de las mayores agencias de ayuda a los inmigrantes en este país, menciona que “con esta nueva regla, en lugar de enfocarse en los ingresos del patrocinador solicitante o en la declaración jurada de apoyo vigente, el USCIS se centrará en el solicitante y cualquier miembro de la familia dependiente”. Otros aseguran que esto no es un fenómeno nuevo, “Durante mucho tiempo la ley de inmigración o INA ha excluido a las personas que intentan ingresan a Estados Unidos si se identifican como una posible carga pública porque no tienen la capacidad de mantenerse económicamente por si solos”, asegura Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Y agrega a sus comentarios que “no es un fenómeno que se creó de la noche a la mañana con el nuevo gobierno, incluso los extranjeros con una visa de inmigrante o Green Card también tiene el peligro de ser deportados si han sido una carga pública dentro de los cinco años posteriores de su ingreso al país”.
Sumado a esto, el gobierno del presidente Trump ha anunciado que tiene en su carta de navegación seguir poniendo obstáculos a aquellos que quieran lograr una tarjeta de residencia sin merecerla y han sobre explotado las ayudas. Las cifras expuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no son claras y de hecho no ha sido actualizado el número de rechazo de solicitudes por motivo de carga publica, lo que no genera confianza dentro de la comunidad migrante.
Ahora bien, por ley debe haber un período de 60 días a partir de la fecha de publicación para que el público directamente afectado por este cambio exprese sus opiniones, posteriormente, el gobierno debe hacer el trabajo y disponer un tiempo para leer los comentarios y adaptarlos al reglamento antes de publicar la regla final. Pese a esto, si la propuesta entra en vigor, significaría que a muchos más inmigrantes se les podría negar la entrada o tarjetas de residencia o podrían ser deportados por ser considerados una carga pública.
De acuerdo con el informe de CLINIC, las ayudas estatales que pueden ser de “doble filo” y afectar negativamente la solicitud de un trámite migratorio:
• Subsidios de Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio
• Medicaid
• SNAP, antes conocidos como cupones de alimentos
• Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil (CHIP o SCHIP)
• Programa de nutrición para mujeres, bebés y niños (WIC)
• Programas de asistencia para la vivienda
• Ayudas tributarias (cuando excede la obligación tributaria)
