Las proclamaciones presidenciales no pueden quitar el derecho de buscar asilo
El 9 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicaron una regla final provisional que establece el escenario para que Trump emita por “proclamación”: una prohibición de asilo para quienes crucen la frontera sin permiso. Esta proclamación, que pretende quitarle el derecho de asilo a las personas que cruzan la frontera sin documentos, comenzó el 10 de noviembre.
Cómo ingresa alguien al país tiene poca influencia legal sobre el derecho de una persona a buscar asilo. La Junta de Apelaciones de Inmigración ha sostenido durante mucho tiempo que la forma de entrada o intento de entrada de un extranjero es clave para sus procesos migratorios a Estados Unidos. Trump enumera varias razones para su proclamación, ninguna de las cuales se mantiene en revisión. Primero, afirma que la mayoría de las personas que viajan en la caravana no serán elegibles para el asilo, prejuzgando sus casos sin ninguna evidencia, excepto la afirmación absurda de que, como otros en el pasado no han calificado, estos nuevos solicitantes de asilo tampoco serán elegibles.
Según los propios números del gobierno, si esta política se hubiera aplicado en el año fiscal 2018, se habría negado arbitrariamente la protección y deportado a 4.500 personas que recibieron asilo, siendo estas muchas vidas con las que el gobierno está jugando. Trump continúa diciendo que las personas que huyen de la persecución no deberían tener derecho de asilo en los Estados Unidos porque rechazaron las oportunidades de postularse en México. No solo no hay evidencia que respalde esta afirmación, sino que algunas personas no se presentan en México porque las pandillas de las que huyen pueden seguirlos a México, además, la cuestión de si alguien tiene acceso a la protección en un tercer país ya es una consideración que se evalúa en cada caso.
En un corte similar, Whitaker el actual fiscal general del interior de Estados Unidos destaca a los países del triángulo norte, lo que indica que la administración está aplicando una política radical a las personas de todos los países sobre la base de un régimen discriminatorio contra las nacionalidades particulares. Trump y Whitaker también afirman que las tasas de comparecencia ante el tribunal son bajas (los datos contradicen esta afirmación), que en última instancia no tiene nada que ver con el derecho a presentar un caso, sino con el hecho de que una persona deba permanecer detenida durante el proceso.
Incluso si la propuesta de la administración tuviera sentido, no tiene la autoridad constitucional para alterar el estatuto o las obligaciones del tratado por proclamación presidencial.
La administración también trata de confiar en la autoridad ampliamente reconocida del presidente para prohibir la entrada de inmigrantes sin permiso, por el tiempo que quiera si es en interés del público, más específicamente, si es “perjudicial para los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, la administración no ha reclamado, ni mucho menos demostrado ningún perjuicio a los intereses de los Estados Unidos al considerar las solicitudes de asilo de personas que cruzan la frontera sin documentos.
Por el contrario, ofrecer refugio a las personas que huyen de la persecución es una tradición estadounidense de importancia histórica. Esto se evidencia en la intención del Congreso detrás de la aprobación de la Ley de Refugiados de 1980, que honraba “uno de los temas más antiguos de la historia de Estados Unidos: dar la bienvenida a los refugiados sin hogar a nuestras costas” y “otorga un significado legal a nuestro compromiso nacional con los derechos humanos y preocupaciones humanitarias “.
