Senadores solicitan que se mantenga dentro del pacto judicial la restricción de detención de menores
“La política de reclusión familiar es de carácter inmoral y perjudica directamente a los niños y sus padres, lo que no es compatible con nuestros valores más fundamentales como nación.” Menciona un grupo de 29 senadores (28 demócratas y 1 independiente) solicitando al gobierno de Donald Trump que cancele los planes de un nuevo reglamento que le permitiría al gobierno abandonar unilateralmente el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe encarcelar a menores de edad.
Con una carta enviada el 26 de septiembre a los secretarios de Salud y Recursos Humanos, Alex M. Azar, y de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, el grupo de legisladores cuestionan de forma directa la decisión anunciada el mes pasado, la carta que considera el gobierno debe respetar el Acuerdo Judicial Flores y liberar a los menores detenidos en cárceles del ICE y que de no realizarlo empeorara la crisis de separación familiar creada hace unos meses en la frontera como parte de la política de ‘tolerancia cero’.
Principalmente, las preocupaciones de los senadores se mantienen en la detención prolongada e innecesaria de menores en centros de detención del ICE, sus argumentos están fundamentados en que este acto viola las protecciones fundamentales para los niños que requiere el Acuerdo Flores, y advierten que si el gobierno abandona unilateralmente el compromiso judicial colocará a cada menor detenido en el entorno menos restrictivo adecuado a su edad y sus necesidades especiales, siempre que dicho ajuste sea coherente con sus intereses para asegurar la presencia oportuna del menor ante [DHS] y los tribunales de inmigración y para proteger el bienestar del menor y el de los demás.
Por otra parte, el gobierno menciona que los menores indocumentados arrestados solo pueden permanecer hasta un máximo de 20 días en un centro de detención, lo que se ha respetado desde el inicio de la política, y luego deben ser liberados en espera de una audiencia con un juez de inmigración quien decidirá su futuro en Estados Unidos, lo que es el proceso judicial normal de un ingreso ilegal al país por parte de un extranjero. La restricción, ha dicho la Casa Blanca en varias ocasiones, restringe la capacidad para desarrollar y hacer cumplir la ley de inmigración, y poner fin de una vez por todas a la inmigración ilegal, por lo que quiere sacar del camino cualquier política que los pueda frenar al intentar seguir ‘tolerancia cero’.
En respuesta a estos anuncios, los senadores enfatizan que el Acuerdo Judicial de 1997 ordena que, “a menos que el DHS determine que se requiere detención para asegurar la presencia oportuna de un menor para procedimientos de la agencia o el tribunal de inmigración o para garantizar la seguridad del menor o la de otros, debe liberar a un menor de su custodia sin demoras innecesarias, puesto que los menores siempre deben ser procesados con un trato especial para conservar su integridad”.
Para terminar, los senadores también señalan en la carta que, de acuerdo con una reciente orden emitida por la jueza federal Dolly Gee, el gobierno no puede intentar socavar sus obligaciones con el Acuerdo Flores. “Absolutamente nada impide al gobierno reconsiderar su actual política general de detención familiar y restablecer la discreción procesal”, dijo Gee en su dictamen a una petición presentada por el fiscal general Jeff Sessions para que el tribunal permitiera anular el acuerdo.
