Retiran barreras flotantes en frontera de Texas
Juez en EEUU falla contra programa DACA para inmigrantes ‘Dreamers”
Un juez federal declaró ilegal, este miércoles, una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Es importante tener en cuenta que 8 estados adicionales también presentaron el mismo recurso para frenar la medida.
Se prevé que el fallo del juez será apelado ante la Corte Suprema, en la que sería la tercera ocasión que el máximo tribunal examina el programa. A propósito del tema, el juez determinó que un reglamento de la administración Biden emitido el año pasado no remediaba las deficiencias legales que le llevaron a declarar ilegal el DACA en 2021 y bloqueó nuevas inscripciones al programa, que ha estado vigente por más de una década.
Por el momento, la invitación es a estar pendiente de lo que pueda venir para tomar decisiones adecuadas.
En un mes, USCIS reducirá extensión automática de EAD a 180 días:
En mayo de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomó la decisión de ampliar el plazo, temporalmente, de la extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) a hasta 540 días debido a los prolongados tiempos de procesamiento.
Así las cosas, la extensión automática pasará de 540 a 180 días, a partir del 26 de octubre de 2023. Es importante recordar que aquellos que hayan presentado su solicitud de renovación de EAD a tiempo entre el 4 de mayo de 2022 y el 26 de octubre de 2023, recibirán la extensión completa de 540 días.
Requisitos para aplicar a la extensión:
- El solicitante debe renovar su EAD en la misma categoría de autorización laboral.
- Debe presentar el Formulario I-765 antes de que expire su EAD actual o dentro del período de presentación aplicable para los solicitantes de TPS.
- Además, la categoría de autorización de trabajo no debe depender de la adjudicación de otro beneficio.
Ingresa aquí y obtén más información.
Crisis laboral en EE. UU.: debate sobre inmigración ante 4 millones de empleos vacantes
En medio de una inquietante crisis laboral en Estados Unidos, la disparidad entre los empleos disponibles y los buscadores de empleo se ha ampliado drásticamente, llegando a aproximadamente 4 millones.
Aunque en junio se reportaron alrededor de 9 millones de puestos de trabajo vacantes, economistas están advirtiendo que la persistente falta de mano de obra no puede ser subsanada únicamente por los residentes actuales. Sin embargo, las políticas de inmigración limitan la contratación de trabajadores no calificados desde el exterior.
Este escenario ha llevado a un intenso debate: ¿puede la nación confiar en sus residentes actuales para llenar todas estas vacantes? Canadá emerge como un ejemplo a seguir, con una política migratoria más abierta que ha respaldado su recuperación pospandemia.
En respuesta a estos desafíos, los expertos proponen la creación de una red de oportunidades ocupacionales para respaldar una posible reforma migratoria en Estados Unidos. En este clima de intensos debates, surge la pregunta crucial sobre cómo equilibrar la creciente demanda de empleo con la disponibilidad de trabajadores en el país.
ICE bajo presión: defensores legales exigen cambios en la detención y deportación de inmigrantes.
Abogados y defensores de derechos de inmigrantes han alzado su voz en contra de las políticas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusando a la agencia de violar el debido proceso en los procedimientos de deportación. Según expertos en el tema, se está exigiendo un cambio en la política de ICE que permite la deportación de inmigrantes antes de que tengan la oportunidad de presentar peticiones de revisión y buscar suspensiones judiciales de su deportación.
A propósito de este tema, la Oficina de ICE en Nueva York ha estado deteniendo a individuos y colocándolos en procesos de inmigración en otras partes del país, donde carecen de acceso a abogados, familiares y redes de apoyo. Uno de los casos más sonados fue el de Mario Alejos-Pérez, a quien ICE le inició un proceso de deportación solo dos días después de la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, sin que su abogado conociera la decisión.
Para abordar esta situación, la Sociedad de Ayuda Legal y otras organizaciones han enviado una carta al Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando a la institución de una suspensión automática de 30 días después de la emisión de una decisión de la Junta de Inmigración.
Esto estaría en línea con la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que establece que los inmigrantes pueden necesitar razonablemente 30 días para preparar y presentar una petición de revisión.
Victoria para la administración Biden: Juez ordena retirar barreras flotantes en la frontera de Texas
Un juez federal en Austin ordenó a Texas retirar las barreras flotantes en la frontera con México, dando una victoria a la administración Biden. La medida surge tras una demanda que alegó que Texas necesitaba permiso federal para instalar las barreras y que estas obstaculizaban la labor de la Patrulla Fronteriza y ponían en riesgo a los migrantes.
El juez estableció que Texas debe retirar las barreras del Río Grande antes del 15 de septiembre, asumiendo el estado los gastos. También se prohíbe instalar estructuras similares en el futuro, en cumplimiento de la ley federal que rige las vías navegables.
La oficina del Gobernador Abbott anunció que apelará la decisión, argumentando que Texas está actuando donde el gobierno federal ha fallado en la frontera sur. Este fallo es un nuevo episodio en la disputa política de dos años entre la administración Biden y Abbott, quien ha criticado al gobierno federal por no hacer lo suficiente para disuadir la migración ilegal en la frontera.
Como parte de su iniciativa en la frontera, Abbott ha ordenado a la Guardia Nacional que obstaculice la entrada de migrantes con alambre de púas y ha instruido al Departamento de Seguridad Pública del estado a arrestar y encarcelar a migrantes adultos por intrusión.
