El gobierno de Estados Unidos anuncia retiro del acuerdo judicial que prohíbe la detención de inmigrantes menores de edad
Antes del retiro del acuerdo judicial, se limitaba al gobierno en su potestad de hacer cumplir las leyes de inmigración a menores de edad, pero con el nuevo anuncio de la Casa Blanca se pondrá fin a esta restricción. Dentro de su política de tolerancia cero, la Casa Blanca de Donald Trump está elaborando una estrategia para que ya no sea válido el acuerdo judicial Flores vs Meese de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad en centros de detención de ICE y específicamente, impedir que prive de libertad a menores de edad detenidos cuando intentaban ingresar indocumentados al país.
Con la actual regulación, los menores de edad que son arrestados por faltas migratorias solo pueden permanecer 20 días en un centro de detención, pasado este tiempo deben ser liberados para finalmente definir su situación con un juez de inmigración. El retiro del acuerdo judicial le quita al gobierno la limitación de la capacidad para implementar y hacer cumplir la ley de inmigración, y poner fin a la inmigración ilegal.
El actual retiro del acuerdo judicial está pensado para superar los límites a la capacidad para retener a menores en cárceles de inmigración definido por el Acuerdo Flores 1007, además, las nuevas habilidades que proponen el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y El Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), garantizarán que los menores serán tratados con dignidad y respeto debido a su vulnerabilidad. El acuerdo judicial Flores, para muchos defensores de los derechos de los niños es una garantía para el respeto de los derechos de los niños, pero para el gobierno de Trump y sus políticas de tolerancia cero, es un problema desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2017.
Sumado a esto, el retiro del acuerdo judicial Flores hace parte de una lista de tres requisitos básicos contenidos en la dura reforma migratoria que el presidente Trump intenta implementar en forma de memorando y ordenes ejecutivas, pero con poco respaldo del congreso. Los otros dos cambios son:
• Eliminación de la Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas, en esta ley se le prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.
• Eliminar el Acuerdo Zadvydas de 1997, en donde el ICE no tiene la potestad de mantener a un no-ciudadano bajo custodia, al que no ha podido deportar por un límite de tiempo mayor de seis meses.
Los planes del gobierno a corto plazo son mantener los centros de detención con licencias de operación como para centros de cuidado infantil. Sumados a esto, el gobierno garantiza que las nuevas instalaciones de detención cumplan con los estándares actuales, según lo evaluado por una entidad externa contratada por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Uno de los graves problemas con esta decisión es la acumulación histórica de casos en las cortes de inmigración, que a finales de julio sobrepasaba los 740,000 casos. Con esta avalancha de casos, los tribunales agendan citas para dentro de dos o tres años, lo que puede ser negativo al tiempo de permanencia de un centro de detención a familias que huyeron de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.
