Fallo judicial suspende la terminación del TPS en Estados Unidos
El juez de distrito de Estados Unidos, Edward Chen, concedió el miércoles un recurso judicial preliminar que impide al gobierno y al Departamento de Seguridad Nacional poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán. El fallo afecta a más de 300,000 personas, a quienes, bajo el programa TPS, se les ha permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante décadas, luego de que sus países fueran afectados por conflictos armados o serios desastres naturales.
Chen emitió la orden judicial como parte de una demanda en California presentada por abogados que representan a un grupo de beneficiarios del TPS. Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, National Day Laborer Organizing Network (NDLON) y un bufete de abogados privado solicitaron el paro temporal, argumentando que la decisión del gobierno de terminar el programa fue motivada por el racismo y afectaría adversamente a las familias inmigrantes.
Unos 19 estados y 34 ciudades y condados presentaron informes para respaldar la decisión preliminar, dijo Emi MacLean, directora de asuntos legales de NDLON. “Esta es una decisión extraordinaria. Es la primera vez en la historia del TPS, un estatuto de 1990, que ha habido una detención ordenada por el tribunal para cualquier terminación de TPS”, dijo MacLean el jueves, durante una conferencia telefónica realizada por la Alianza Nacional de TPS. “Es sumamente importante en términos de lo que se dice acerca de las políticas de toma de decisiones de la administración Trump en el ámbito de la inmigración”.
Sin embargo, MacLean advirtió que la decisión es “preliminar y algo que tendremos que seguir defendiendo en los tribunales, en las calles y en Washington”. Como parte de sus argumentos, MacLean y otros involucrados con la demanda citaron la posible separación de las familias, así como la supuesta referencia del presidente Donald Trump en enero a Haití, El Salvador y algunas naciones africanas como “países de mierda”.
El fallo se extiende solo por la duración de la demanda de California. La próxima audiencia en el caso está programada para el 26 de octubre. El gobierno ha dicho que apelará la decisión. The Associated Press informó que el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que el fallo usurpa el papel del poder ejecutivo, “El Departamento de Justicia rechaza completamente la idea de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieron algo indebido. Seguiremos luchando por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional”, dijo O’Malley, según el informe de AP.
El juez había rechazado previamente una solicitud del Departamento de Justicia para desestimar la demanda. Chen escribió en su fallo que el gobierno “no ha logrado establecer ningún daño real si el statu quo (que ha existido durante dos décadas) se mantiene durante el proceso de este litigio”. Por otro lado, la congresista Frederica Wilson, demócrata de Miami, cuyo distrito incluye una gran población de haitianos-estadounidenses, dijo que le tomó por sorpresa que el juez encontrara la demanda como una prueba de la ruta que está siguiendo el gobierno de Trump para terminar con el TPS.
“Desde el inicio de su gobierno, el presidente Trump ha dejado más que claro, con su restricción de visas a países musulmanes y, más recientemente, el trato inhumano a los niños migrantes, que las personas de color no son bienvenidas aquí”, dijo Wilson. “Nos corresponde a nosotros hacer todo lo posible para deshacer estos actos racistas”.
La demanda es una de cinco que se han presentado en los tribunales federales que buscan rescindir la decisión, alegando que fue motivada por el racismo. El gobierno anunció el fin del TPS para Nicaragua y Haití en noviembre de 2017.
“Los cientos de miles de trabajadores con TPS que construyen nuestras ciudades y las mantienen funcionando merecen la seguridad de saber que las vidas que han construido en los Estados Unidos están seguras”, dijo Working Families United, una coalición de seis sindicatos que representan a trabajadores inmigrantes, en una declaración. “Esto demuestra que la decisión de Trump de terminar el TPS se basó en sus motivaciones raciales y no en ninguna ley o consideración de seguridad”.
